Mientras que en junio de este año la Cámara de Diputados daba media sanción al proyecto de la Alianza que propone elevar la cota de la represa binacional de Yacyretá de 76 a 83 metros, organizaciones ambientalistas advirtieron que el aumento del nivel de la represa hidroeléctrica provocará el desplazamiento de 10.000 familias. Con esta nueva cota el total de personas desalojadas de su tierra llegará a los 50.000. Actualmente Yacyretá genera energía a cota 76 (profundidad del agua en la pared del embalse) con 20 turbinas. Al incrementarse el nivel de la cota se duplicaría la extensión de tierras inundadas. Jorge Capatto, presidente de la Fundación Proteger, advirtió que “con el incremento del nivel de la cota a 83 metros, el lago cubriría una superficie de 1.650 km 2 inundando unas 80.000 hectáreas en Paraguay y unas 29.000 hectáreas en Argentina, más allá del cauce original del río”. Esto produciría pérdida de biodiversidad y sobre todo, de recursos ícticos para las comunidades ribereñas que viven predominantemente de la pesca. El biólogo Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, recordó que la presa se construyó en base a un “deficiente y extemporáneo estudio de impacto ambiental” y que algunos dispositivos “como los ascensores de peces son experimentales y definitivamente insuficientes para los movimientos poblacionales del río Paraná. FUNAM fue una de las organizaciones que más combatió el ascenso a cota 83, durante varias de las gestiones crediticias que encaró el ente binacional. Montenegro señaló que la decisión tomada “estaría violando normativa vigente sobre EIA”, y que el aumento de la superficie del lago “aumentará el efecto tapón impidiendo el normal flujo de genes y especies del río Paraná. Además de estos efectos, la enfermedad de las burbujas y otros fenómenos generados por las turbinas y compuertas produjeron importantes mortandades de peces. La explotación irracional de los recursos ícticos en los alrededores de la reserva es otro grave problema ligado a Yacyretá. En octubre de 1996 los gobiernos de Paraguay y Argentina firmaron un acuerdo para crear una zona de reserva íctica de tres kilómetros aguas arriba y otros tantos aguas abajo del eje de la represa, donde se prohíbe realizar actividades de pesca comercial. Aunque en diciembre de 1998 se dio cumplimiento efectivo a este documento a través de la ley 25.048, desde hace años, dentro de la zona de reserva y también en los alrededores de la represa, pescadores paraguayos extraen ilegalmente de las aguas jurisdiccionales de Argentina y de Paraguay entre 5 y 7 toneladas diarias de peces. Estos son desembarcados en la localidad de Ayolas, donde son transportados a Asunción del Paraguay y ciudades de Brasil. Además de los costos sociales y ambientales que ocasiona la represa binacional también están los costos económicos. Alberto Kipen, del Foro Ecologista de Paraná, indicó que “el monto adicional para el aumento de cota de 76 a 83 se estima entre 750 y 850 millones de dólares”, agregando que existe un reclamo de las empresas constructoras por un monto de 1.500 millones de dólares”. Kipen subrayó que si bien los costos originales de Yacyretá eran de 1.500 millones de dólares, hoy se estima “que habría costado 12.000 millones de dólares”. En este sentido, la obra calificada por el ex presidente Carlos Menem como el “monumento a la corrupción” dio lugar a la apertura de una causa en 1998 para investigar presuntos ilícitos en torno a la construcción de la misma, que prescribió tras 11 años de permanencia en Tribunales.
Fuentes: FUNAM (Córdoba); Diario La Nación (Buenos Aires) y Fundación Proteger (Santa Fe), junio de 2000.