Argentina recibiría residuos radiactivos de Australia violando el artículo 41 de la Constitución Nacional

Córdoba y Buenos Aires (Argentina); Melbourne y Sydney (Australia), 10 de Octubre, 2000.- La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) descubrió a fines de Agosto que el contrato firmado por INVAP para la venta del reactor nuclear de reemplazo de Lucas Heights, en Australia, tiene una claúsula (“provision” en inglés) que prevé la aceptación, por parte de Argentina, del combustible agotado que produzca ese reactor. El Dr. Raúl Montenegro, Presidente de FUNAM y Profesor Titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba, indicó que el combustible agotado “es residuo radiactivo con radioisótopos de altísimo riesgo, entre ellos Estroncio 90, Cesio 137 y Plutonio 239. El tipo de combustible que se usaría durante el primer año de operación del reactor, a base de silicio-uranio, no puede ser reprocesado en las compañías que se dedican a tratar residuos radiactivos. Su único destino posible es la vitrificación y su almacenamiento posterior en depósitos de alta seguridad”. Los ciudadanos “ya le dijimos no al ingreso de residuos radiactivos con la Constitución Argentina de 1994. Ahora ratificamos ese no, y le advertimos, tanto al gobierno de Australia como a INVAP, que Argentina no es el patio de atrás de ningún país, y que no aceptamos ser el basurero de Australia. La venta de un reactor por 180 millones de dólares no puede comprometer la seguridad de los argentinos”. La claúsula del contrato que estipula el posible envío “de combustible agotado para su procesado en Argentina es de una inusitada gravedad institucional porque viola flagrantemente el Artículo 41 de nuestra Constitución, que prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos radiactivos”.

Montenegro indicó que el propio Ministro de Industria, Ciencia y Recursos de Australia, Nick Minchin “reconoció la existencia de esta cláusula en las respuestas al Cuestionario 2534 que le hizo llegar el Senado de ese país”. En dicho documento, fechado el 17 de Agosto, el Ministro escribió textualmente: “El contrato con INVAP contiene una claúsula para el posible regreso de combustible agotado a la Argentina para (su) procesado”. La grave afirmación está contenida en el archivo del Senado de Australia, Question 2534, Página 15532, Respuestas (1)(c), (4) 2º párrafo y (7), del 29 de Agosto de 2000. Ese contrato fue firmado el 13 de Julio por Helen Garnett, de ANSTO, y Hector Otheguy, de INVAP. Fueron sus testigos el Embajador Argentino en Australia, Néstor Stancanelli, y el presidente del Directorio de ANSTO Max Richards. “Lamentablemente su contenido se mantuvo en secreto, tanto en Australia como en Argentina”, aclaró Montenegro. “El trabajo con ACF de Australia nos permitió acceder a la documentación del Senado australiano donde se confirma el ofrecimiento de INVAP para recibir y procesar el combustible agotado, es decir, los residuos radiactivos producidos por el futuro reactor de reemplazo de Lucas Heights. Es inadmisible que firmantes y testigos de nuestro país no leyeran antes la Constitución Nacional”. Montenegro indicó que esta violación “invalida el contrato firmado con Australia” y abre la posibilidad “de presentaciones judiciales contra varios funcionarios públicos involucrados en el caso, quienes habrían violado el Artículo 248 del Código penal (incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad)”. Ayer lunes FUNAM envió cartas documento a numerosos funcionarios de la Nación y las provincias involucradas “para que conozcan lo que sucede, si acaso no lo conocían, y deslinden responsabilidades. Luego vendrá el tiempo de la justicia”.

El senado de Australia ratificó su decisión de iniciar una investigación (“Inquiry”) tras conocer que FUNAM había accionado penalmente contra funcionarios de INVAP y CNEA por haber probado ilegalmente el reactor nuclear CAREM. La presentación tuvo un inédito impacto en la prensa australiana. “Aunque el Juez archivó el caso, lo cierto es que INVAP violó la Ley de Impacto Ambiental 2342 de la provincia de Río Negro (Arts. 3 y 5), su decreto reglamentario 1511 (Art. 6) y la Ley Nacional de la Actividad Nuclear 24.804 (Art. 11)”. Montenegro indicó que FUNAM “ya presentó su testimonio ante el Senado de Australia el pasado 29 de Septiembre”, y que ese testimonio “denuncia la inconstitucionalidad del Contrato por violar el Artículo 41”. También proporcionó argumentos al Senado para que suspenda indefinidamente la intención de construír un reactor nuclear. “Lo mejor para Australia y su gente es no tener un nuevo reactor nuclear”.

Fuentes: FUNAM (Córdoba), octubre de 2000.