Montenegro agregó que estas decisiones “no están avaladas por ningún estudio de impacto ambiental” y que las consecuencias de Yacyretá ya estarían afectando “los Esteros del Iberá y el propio río Paraná”. La decisión podría ser considerada ilegal, y sus responsables objeto de una investigación penal.
Córdoba, Buenos Aires, Asunción y Sao Paulo, Septiembre 5 del 2000.- La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) formuló hoy una grave denuncia internacional contra los responsables de Yacyretá. El Biólogo Raúl Montenegro, Presidente de FUNAM y profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba, indicó que los gobiernos de Paraguay y la Argentina “ya acordaron aumentar la cota del lago de Yacyretá de 76 a 83 metros sin tener una evaluación previa del impacto social y ambiental. Esto es inadmisible. Pese a que no se construyeron todas las obras previstas para mitigar los impactos de la cota anterior, el EBY los aumentará a gran escala con la nueva cota”. Además de inundar 29.000 hectáreas en la Argentina y 93.000 hectáreas en Paraguay “se agudizarían los problemas que ya ocasiona la represa”. Montenegro indicó que el Ente Binacional Yacyretá “basa seguramente su decisión en una fórmula matemática muy simple:
g x Q x H =Potencia
Donde g’ (Gamma) es el peso específico del agua, 9.810 Newton/m3; ‘Q’ el caudal del río y ‘H’ la diferencia entre la cota del embalse aguas arriba y el de restitución aguas abajo. Cuanto mayor sea H, mayor será la potencia obtenida (Watts). Lo que olvidó deliberadamente el EBY es otra fórmula, mucha más compleja y nunca calculada, la del impacto social y ambiental, porque delataría los enormes e inadmisibles costos que sumarían estos nuevos 7 metros”. FUNAM, que participó de los movimientos contra Yacyretá a comienzos de la década de 1990, recordó que el EBY “sigue hoy con la misma estrategia de entonces. Organiza consultas técnicas cerradas que nunca generan estudios independientes de evaluación ambiental pero que le permiten aparentar participación, y poder justificar, sin matrices ni estudios serios, malas decisiones que algunos políticos, quizás por ignorancia, apoyan y festejan”.
Montenegro indicó que la represa “ya está afectando los esteros del Iberá, un antiguo cauce del río Paraná. Su pelo de agua habría estado creciendo. Si la cota sube a 83 metros, el nivel de Iberá podría aumentar unos 70 centímetros. Crecería su volumen de agua, y por supuesto la velocidad de la masa hídrica. Esto afectaría un ecosistema único adaptado a otras condiciones, quizás menos húmedas y más variables. Muchos olvidan que la biodiversidad de un humedal también depende de su variación normal”.
El Biólogo Montenegro recordó que un aumento de la cota “agravará el efecto tapón del lago, que ya interpuso una formidable pared al pasaje de peces, otros organismos acuáticos y nutrientes”. Al referirse a los dos reducidos ascensores para peces que construyó el contratista Riva Calzone los calificó de “burla ecológica” porque “nunca podrían reemplazar el flujo normal de peces que tiene este río, uno de los más caudalosos del mundo y con una excepcional biodiversidad de peces: más de 200 especies”. Montenegro agregó que antes de Yacyretá “las aguas bajaban a una velocidad de 1 metro/segundo, pero ahora lo hacen a 8 metros/segundo, situación que altera el flujo de especies vivas y de genes río arriba. Lamentablemente, nunca se calculó la pérdida de biodiversidad. Bajo el agua quedaron más de 300 islas e islotes, con su irrecuperable información biológica, y el hogar de 10 familias de indígenas Mbyás expulsados de la isla mayor en 1974. La cota 83 es otra vuelta de tuerca en el proceso de degradación que sigue produciendo esta presa, que tendrá, apenas, 70 a 100 años de vida útil”. FUNAM elaboró en 1992 un extenso documento técnico donde se detallaban las inconcebibles falencias técnicas del ‘Informe de Evaluación Ambiental’ del EBY para justificar el crédito Yacyretá II. Hoy sus previsiones adquieren dramática actualidad.
El Presidente de FUNAM indicó que la ausencia de estudios de impacto ambiental “para la cota 83, agravados por la inexistencia de estudios serios para la cota 76” plantean “una delicada situación institucional para los directivos del ente binacional y para las propias autoridades argentinas. Estamos revisando las actuaciones del gobierno nacional, y la legislación vigente, para detectar posibles violaciones al Artículo 248 del Código Penal. La decisión de llenar a cota 83 podría ser ilegal”. Montenegro agregó que “no puede aceptarse, en un país civilizado, que las autoridades de provincias como Corrientes, por carecer de recursos para realizar estudios independientes, deban resignarse al impacto. Sin perjuicio de las acciones que pudiera encarar FUNAM ante la Justicia Federal o los juzgados provinciales, aquellos responsables de la obra y de las actuales decisiones deben quedar registrados, con nombre y apellido, para cualquier acción futura”.
Fuente: FUNAM (Córdoba), setiembre de 2000.