Córdoba, Buenos Aires y Sydney, 5 de abril de 2001.- La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) denunció que los gobiernos de Australia y nuestro país firmaron en Buenos Aires un acuerdo “para facilitar el ingreso de residuos radiactivos australianos a la Argentina”. El documento fue firmado por Alexander Downer, Canciller de Australia, y Rodriguez Giavarini, Canciller argentino. El presidente de FUNAM, Biólogo Raúl Montenegro, dijo que ese acuerdo y el contrato que firmó INVAP el año pasado para construír un reactor nuclear en Australia “violan la Constitución, ofenden al pueblo argentino y muestran con crudeza la incapacidad del gobierno para hacer cumplir la Ley”.
INVAP firmó contrato con ANSTO de Australia para la construcción de un reactor nuclear que reemplace al de Lucas Heights en Sydney. La operación, festejada en su momento por el presidente Fernando de la Rúa, quedó sellada en un contrato que todavía es secreto. Pese a los esfuerzos de INVAP para que no se conozca, FUNAM accedió a parte de su contenido. “Descubrimos que una cláusula muy sugestiva le permite a Australia enviarnos el combustible nuclear agotado del reactor de INVAP para que se lo procese aquí. Esto explica porqué INVAP ganó la licitación”, dijo el Biólogo Raúl Montenegro. Aclaró que el procesado “le permite a Australia transformar esa basura radiactiva que por ley no puede permanecer en ese país, en otra basura también radiactiva pero menos concentrada. Expresado burdamente, se la “trucha” y vitrifica en Argentina para que cumpla con la ley australiana. Lo grave es que este contrato y ahora el acuerdo firmado por los Cancilleres violan el Artículo 41 de la Constitución de 1994 que prohíbe el ingreso de residuos radiactivos al país”. Ante la denuncia presentada por FUNAM el Senador Luis Molinari Romero se dirigió al Poder Ejecutivo para pedirle que garantice “el cumplimiento del Artículo 41 de la Constitución Nacional”.
FUNAM índicó que INVAP aduce tener el visto bueno “de la Autoridad Regulatoria Nuclear”. “Pero lo real, aclaró Montenegro, es que el combustible nuclear agotado de Australia es residuo radiactivo conforme al Artículo 3 de la Ley 25018, y que al ingresar a nuestro país viola el Artículo 41 de la Constitución Nacional. Es inconcebible que un gobierno democrático festeje y aliente una operación ilegal. El Presidente de la Nación y sus colaboradores no tuvieron en cuenta que el Artículo 1207 del Código Civil dice que todo contrato suscrito en el extranjero para violar leyes argentinas es nulo. Sin embargo, lo más grave es que el gobierno del presidente Fernando de la Rúa burló al país. Mientras Argentina le dice no al pasaje de barcos ingleses con residuos radiactivos por sus aguas territoriales, el actual gobierno acuerda recibir residuos radiactivos de Australia en el puerto de Buenos Aires. Todo un absurdo”.
Buscan a la Argentina porque Francia les dijo que NO.
El Dr. Raúl Montenegro indicó que las reciente visitas del Ministro Nick Minchin y del Canciller australiano Alexander Downer “no son casuales”. Indicó que Australia “tiene dos planes para lograr que su combustible nuclear agotado sea tratado. Un plan “A” de reprocesado en Francia y un plan “B” de procesado (no reprocesado) en Argentina. Aquí es donde entra a jugar el contrato secreto. Sucede que a fines de marzo el plan “A” se les cayó, pues el Tribunal de Gran Instancia de Cherburgo, en Francia, impidió que entraran a ese país 360 barras de combustible agotado para tratamiento procedentes de Australia. Ello se debió a que la empresa francesa COGEMA fue acusada de burlar la legislación francesa. Ahora necesitan consolidar el plan “B” con Argentina para que el proyecto de construír el nuevo reactor nuclear no se les caiga”. El Biólogo Raúl Montenegro sostuvo que el gobierno de Fernando de la Rúa “es la salvación para el proyectado reactor nuclear de Lucas Heights, pero la tumba para generaciones de argentinos que estarán sometidos al riesgo de material radiactivo procedente de otros países. Tanto Cancillería como presidencia de la Nación están abriendo las fronteras argentinas a la basura radiactiva de todo el mundo. INVAP podrá seguir haciendo sus negocios anticonstitucionales, pero el puerto de Buenos Aires tendrá que acostumbrarse a los barcos de la muerte. Esos mismos cargueros que combatimos durante años y que pasaban lejos de la costa ahora llegarán al Río de la Plata o Bahía Blanca”.
Violar la Constitución no es tan fácil.
FUNAM advirtió a Cancillería y al propio gobierno de Fernando de la Rúa que “abrir el país al ingreso de barcos cargados con material altamente radiactivo no es solamente una clara violación a la Constitución Nacional que ellos juraron defender, sino también un inaceptable riesgo para los argentinos. Es inconcebible que por la venta de un reactor nuclear de pequeñas dimensiones, a un costo de 180 millones de dólares, se hipoteque la seguridad del país”. El Biólogo Raúl Montenegro indicó que desde FUNAM “estamos consultando especialistas en derecho constitucional y en legislación internacional para poder iniciar acciones judiciales contra las responsables de violar la Constitución. Lo mismo está haciendo en Australia el gobierno local que se perjudicaría con la construcción del nuevo reactor de Lucas Heights. Los funcionarios de INVAP y del gobierno de Fernando de la Rúa deben aprender que la ley ha sido hecha para que la cumplan todos, incluidos ellos mismos, y que si no lo hacen están violando el Artículo 248 del Código Penal”. Agregó que “mientras tanto los ciudadanos nos movilizaremos para decirle no a la basura radiactiva de Australia y de cualquier otro país. No queremos ser el basural del primer mundo. No queremos que INVAP se arrogue el derecho de traer residuos radiactivos de otros países y negociar con nuestra salud”.
Fuentes: FUNAM (Córdoba); abril de 2001.